Asusta pensar en la inseguridad jurídica permanente en la que nos movemos en este País, en la que el ciudadano se encuentra inmerso sin comerlo ni beberlo y que lo tiene atrapado cual espada de Damocles en constante amenaza sobre aquellos que puedan caer en sus redes y tengan que 
someterse a sus lentos, inseguros y azarosos dictámenes.
Es para dar miedo, pero las cifras cantan y lo hacen de una forma escandalosa. Apunten: 270.000 casos pendientes por resolver. Pero esto no es todo, ya que dictada la sentencia, la Justicia debería darse por satisfecha. Pero no es así, porque al atasco en los juzgados le sucede otro embotellamiento: el de la administración penitenciaria. Algo más de millón y medio de sentencias están pendientes de ejecución. Desolador.
Pleitos tengas y los ganes. Así reza la maldición gitana con la sabiduría propia de los pueblos ancestrales, ya que por más que uno gane un pleito, el simple hecho de pasar por él es castigo más que suficiente.
Culpables. Desde luego usted y yo no, tampoco los jueces y demás funcionarios de Justicia que la mayoría de las veces son también víctimas del desbarajuste general que acucia al poder Judicial. Sin lugar a dudas, la falta de medios parece ser uno de los motivos principales.
Es increíble que a estas alturas exista una notoria deficiencia en la informatización y el tratamiento automatizado en una actividad que exige como ninguna la utilización de los medios técnicos más modernos con el objeto de coordinar y sincronizar todas las instancias judiciales que acelerarían los procesos y evitarían situaciones tan dolorosas como las que recientemente han sacudido a este País.
La falta de personal, así como la politización de la misma con intereses inconfesables en la elección de sus órganos principales son otras de las causas que pesan como una losa sobre una Administración de Justicia que adolece de una de sus principales virtudes, la rapidez en la emisión y ejecución de las sentencias.
someterse a sus lentos, inseguros y azarosos dictámenes.Es para dar miedo, pero las cifras cantan y lo hacen de una forma escandalosa. Apunten: 270.000 casos pendientes por resolver. Pero esto no es todo, ya que dictada la sentencia, la Justicia debería darse por satisfecha. Pero no es así, porque al atasco en los juzgados le sucede otro embotellamiento: el de la administración penitenciaria. Algo más de millón y medio de sentencias están pendientes de ejecución. Desolador.
Pleitos tengas y los ganes. Así reza la maldición gitana con la sabiduría propia de los pueblos ancestrales, ya que por más que uno gane un pleito, el simple hecho de pasar por él es castigo más que suficiente.
Culpables. Desde luego usted y yo no, tampoco los jueces y demás funcionarios de Justicia que la mayoría de las veces son también víctimas del desbarajuste general que acucia al poder Judicial. Sin lugar a dudas, la falta de medios parece ser uno de los motivos principales.
Es increíble que a estas alturas exista una notoria deficiencia en la informatización y el tratamiento automatizado en una actividad que exige como ninguna la utilización de los medios técnicos más modernos con el objeto de coordinar y sincronizar todas las instancias judiciales que acelerarían los procesos y evitarían situaciones tan dolorosas como las que recientemente han sacudido a este País.
La falta de personal, así como la politización de la misma con intereses inconfesables en la elección de sus órganos principales son otras de las causas que pesan como una losa sobre una Administración de Justicia que adolece de una de sus principales virtudes, la rapidez en la emisión y ejecución de las sentencias.
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