Acoso al poder judicial

 La indiferencia es quizás el mayor error que se puede cometer ante determinadas actitudes políticas que consideramos nefastas para la ciudadanía de un país, como las que estamos presenciando en el nuestro, dónde presenciamos los continuados desprecios que este gobierno muestra ante el poder judicial, uno de los pilares de la democracia, sometiéndolo a una persecución y un enconado hostigamiento inadmisible en un país democrático, acorralándolo, cuestionándolo y faltándole el respeto de tantas formas y en tantas ocasiones, que la Unión Europea ha llamado la atención en varias ocasiones a un ejecutivo que no obstante no ha tomado nota en absoluto, continuando con el injustificable asedio hacia uno de los poderes más representativos y esenciales del Estado Social y de Derecho.

Sin una absoluta independencia del poder judicial, no cabe hablar de un estado democrático, sin una libertad completa a la hora de ejercer sus funciones, y de una total ausencia de dependencia del ejecutivo, no cabe pensar, ni por un momento, en un país libre que se precie de serlo, sino de una farsa democrática, ante la que una postura de indiferencia o de una incalificable transigencia ante semejante desacato, constituiría un error imperdonable de fatales y negativas consecuencias para el país, sus ciudadanos y su sufrida y castigada sociedad a todos los niveles, que ahora contempla con estupor, cómo uno de sus socios en el gobierno con representantes en el mismo, presenta una reforma legal llena de acusaciones a la carrera judicial con el propósito de controlar a los jueces, lo que resulta demoledor, a la par que rechazable y absolutamente preocupante, como la vergonzante ley que preparan para limitar la acción popular, que no es sino una oscura maniobra para utilizarla en beneficio propio ante las imputaciones que persiguen al presidente tanto a nivel familiar como político.

Está sucediendo aquí, en este país que no parece ser consciente de una carencia democrática como es el desprecio y la desconsideración hacia la justicia y sus representantes los jueces, a los que desde el gobierno se ningunea, cuando deberían ser sus principales valedores y defensores a ultranza, acusándolos de politizar la justicia, de imparcialidad manifiesta, y de una inexistente persecución judicial hacia un ejecutivo, cuyo partido está acorralado por una corrupción galopante, así como de familiares del presidente que están siendo sometidos a investigación judicial. 

El ninguneo y el indignante control al que someten al poder judicial es tal, que utilizan incluso a la abogacía del estado para defender intereses particulares y de partido como es el caso del presidente del gobierno, que mantiene en su puesto a un impresentable fiscal general imputado por el tribunal supremo, acusado de revelación de información secreta, repudiado por toda la carrera judicial a la que indigna, deshonra y avergüenza, sin que por ello consigan que dimita y mucho menos que lo cese quién lo nombró, y a cuyas órdenes se mantiene como fiel y servicial esclavo, que en lugar de actuar como fiscal general del estado, lo hace como fiscal general del presidente del gobierno, a cuyo incondicional servicio parece dedicar su tiempo.

No contento con tratar de acorralar al poder judicial, este ejecutivo manipula sin sonrojo el poder legislativo, utilizando los decretos ley ante su debilidad a la hora de disponer de los apoyos necesarios para sacar adelante sus leyes, y utilizando las leyes ómnibus, auténticas trampas legislativas, incluyendo varias leyes en una, que constituyen todo un chantaje para una oposición que en algunas ocasiones se ve obligado a votarla sin que responda a su criterio,  y en otras debe negarse a ello pese a que no coincida con su línea ideológica, como ha sucedido con la última ley de este tipo, dónde incluían dentro de la misma ley  una relativa a las pensiones, a la que no podían negarse, y  otras de exclusivo interés del gobierno, a las que debían oponerse.

Si a estas auténticas encerronas gubernamentales, que afectan al poder judicial por un lado y al legislativo por otro, sumamos los desmanes habidos desde que están en el poder, utilizando a sus anchas el poder ejecutivo, la perfecta tormenta democrática de asalto a los tres poderes estatales está servida, y ante ello, la indiferencia, sin duda, no es la respuesta.