Quizás recuerden aquella expresión “la justicia es un cachondeo”, que se atrevió a emitir en público el célebre desde entonces alcalde Pacheco y que le supuso importantes y serios problemas con la diosa Themis, asesora de Zeus, portadora de la balanza de la justicia y jueza de los dioses del Olimpo, donde tenía la facultad y el poder de juzgar y castigar a dichas divinidades, si a ello se hicieran acreedores.
Quizás se quedó corto, leo en algunos comentarios que aún pululan por ahí y que ante el espectáculo que esta institución nos depara de vez en cuando, consideran que la imagen de la justicia sigue estando en continuo precario en un País donde se acumulan los expedientes judiciales de tal manera que el efecto que pueda esperarse de la sentencia correspondiente – si es que ha lugar a ella – pierde todo su sentido y efectividad a causa del tiempo transcurrido.
Una justicia lenta no es tal, si se eterniza a la hora de resolver, si se politiza a la hora de dictaminar, si no está al día en cuanto a su funcionamiento interno, si posee importantes carencias tecnológicas, si los métodos burocráticos y administrativos están obsoletos, si adolece de falta de personal, si todas y cada una de estas trabas subsisten en el siglo XXI, entonces la justicia será además de vana e ineficaz, insoportable y dolorosamente injusta para el sufrido administrado que desearía confiar en uno de los tres poderes fundamentales del Estado.
Una justicia que discrimina en función del individuo, no es tal, ya que abomina del principio fundamental de la misma que es la de su aplicación igualitaria independientemente del sujeto al que se le aplica – la diosa Themis lleva los ojos vendados – y estamos demasiado acostumbrados a contemplar como segrega y excluye a quienes no tienen los medios pecuniarios suficientes para pleitear en igualdad de oportunidades con quienes gozan de fama – esto es especialmente grave – y fortuna – esto sobre todo – ya que pueden utilizar numerosos recursos y subterfugios de toda índole a los que el ciudadano de a pie, generalmente no puede acceder.
Una justicia que no es imparcial y ecuánime, - y la historia está llena de sentencias que se oponen frontalmente a la rectitud y la honradez que debería presidirlas – no se le puede aplicar el calificativo de justa, puesto que defrauda y desafía su esencia más elemental, sin la cual no cabe hablar de una de las característica que mejor define el estado de derecho y que constituye el pilar fundamental sobre el que se asienta una democracia consolidada.
Una justicia que no es independiente, porque esté al servicio de los otros poderes del Estado o de determinados grupos o poderes fácticos de diversa índole, no es tal, porque pierde el principio fundamental de autonomía y neutralidad que debe caracterizarla y que demasiadas veces y de forma muy sutil parece contemplarse a la hora de llevar a cabo determinados procesos – o de no llevarlos a término – contra determinados grupos o personas, logrando con ello despertar la sospecha, el recelo y la suspicacia de los ciudadanos.
En estas fechas se está celebrando el juicio que encausa a un conocido juez que ha destacado en su actividad incluso a nivel internacional. Su repercusión ha sido enorme, no solo en nuestro País, donde ha llevado a cabo procedimientos que han levantado ampollas en determinados sectores de la vida política nacional al sacar a la luz determinados procesos que se cerraron en falso tras la dictadura, sino también en otros países, donde es conocido por su intervención contra los integrantes de las dictaduras que tuvieron lugar en Chile y Argentina.
La justicia acusa ahora a un juez por luchar contra la corrupción. Juzguen ustedes.
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