No nos hacemos respetar

 

Este país, merced a los gobernantes que padecemos, está logrando que España se convierta en una irrelevancia nacional que causa sonrojo y oprobio a cualquiera que se moleste en analizar la actual situación que arroja una denigrante posición internacional, dónde no se nos contempla como un país serio y respetable, con una democracia dónde la doctrina de la separación de poderes brilla por su ausencia, con una injerencia del ejecutivo en el judicial que causa asombro e indignación al mismo tiempo, señalando, acosando y denunciando a los jueces, en una miserable maniobra, que ha sido motivo de diversas querellas ante las instituciones europeas.

Querellas presentadas tanto por personas físicas como por organizaciones jurídicas y de defensa de los derechos civiles y humanos, que ha motivado varias llamadas de atención al gobierno español, que en una actitud incomprensible, despectiva y altanera, ha hecho oídos sordos de las serias advertencias de la Unión Europea, que contempla cómo se ningunea al poder judicial, y por ende, a una frágil democracia, que sin el respeto debido a la separación de poderes, pierde todo su sentido y su razón de ser.

Si a todo lo expuesto, le añadimos el hecho de que el fiscal general ha dejado de servir al Estado para convertirse en un instrumento más del gobierno, la manipulación más siniestra y vergonzante está servida, algo que debería preocuparnos muy seriamente, pero que  no suele pasar de algún que otro titular, sin profundizar en un tema absolutamente transcendental para un país serio que se haga respetar, algo que comprobamos con harta frecuencia en las relaciones internacionales, cuando se nos ningunea en la persona del jefe del ejecutivo, incapaz de hacerse respetar por nuestro vecino del sur, y adónde una y otra vez regresa, como ahora tiene previsto de nuevo, en una ceremonia de la humillación más absurda y recriminatoria, que no se corresponde con la soberbia que en nuestro país demuestra.

Un ejecutivo empeñado, obsesionado y firmemente decidido a facilitar por todos los medios, incluída la fiscalía, que la amnistía se lleve a término, blindando, protegiendo, y evitando que la justicia se movilice en pos de los que ansía queden al margen de la susodicha medida de gracia, que no es sino inmunidad a cambio de los votos necesarios para el pago de la investidura primero y de la gobernabilidad después, llevando a cabo auténticas medidas esperpénticas en ocasiones, que causan sonrojo e indignación, porque no tienen otro fin que el de evitar que los beneficiarios de la amnistía puedan quedar al margen de ella, algo que perjudicaría las intrigantes intenciones de un ejecutivo que no se detiene ante nada cuando de conseguir sus siniestros objetivos se trata.

Por desgracia, este país suele ser ninguneado con demasiada frecuencia a nivel internacional, como hemos comprobado en diversas ocasiones a la hora de conseguir la extradición de algún perseguido por la justicia, negándonos reiteradamente un derecho que todo integrante de la Unión Europea tiene por el simple hecho de serlo, bastando esa ostentación para lograr la extradición, algo que se nos ha negado repetidas veces, aduciendo que en nuestro país no se respetan los derechos humanos, los derechos de los detenidos, o simple y llanamente no confían en nuestro sistema judicial y en nuestra democracia, algo que jamás le pasaría a cualquiera de los países más respetados y relevantes de Europa.

Y es que no nos hacemos respetar, no nos comportamos como un país serio, damos continuos bandazos sin seguir una línea uniforme, lógica y razonable, como ahora sucede con la vergonzante situación en la que nos ha puesto Suiza, al negarse a informar, que no a extraditar, a petición de un juez español sobre una refugiada sospechosa de pertenecer a “Tsunami”, porque dudan si la petición tiene carácter político, lo que supone una afrenta insoportable, indigna e impropia de un país democrático, que nos tememos no va a ser contestada por este ejecutivo que hará todo lo posible por proteger a esta aspirante a ser amnistiada, o al menos, pocos esfuerzos llevará a cabo para colaborar con el juez que ha solicitado dicha información.

Al mismo tiempo, los compañeros de viaje catalanes que colaboran en la gobernabilidad del ejecutivo, y que siempre dijeron aquello de “lo volveremos a hacer”, parece que van a cumplir su palabra, ya que el Parlament tramita una ley para declarar la independencia de forma unilateral. Para no indisponerse con ellos, el ejecutivo les dirá, que bueno, que vale, que de acuerdo, pero sin hacer ruido, que el gobierno está en siesta permanente, y no quisieran despertarse y tener que darse por aludidos. Definitivamente, no nos hacemos respetar.