En fechas recientes hemos podido asistir a la ceremonia de la confusión, nunca mejor dicho, protagonizada por un lado por el Estado Español representado por su Vicepresidenta y por el otro el Estado del Vaticano con su Jefe de Estado y cabeza visible de la Cristiandad, en medio de la majestuosa pompa y fastuoso boato a los que nos tiene acostumbrados este minúsculo pero poderoso Estado, todo ello con el objeto de nombrar a veintitrés cardenales, alguno de ellos de nacionalidad española.
Contemplo con estupor como una representación del gobierno español, a nivel ni más ni menos que de la Vicepresidenta del Estado, asiste a una ceremonia de este tipo confiriéndole una rango institucional que no debería tener ya que la Constitución Española de 1978 diseñó un modelo de Estado aconfesional que choca frontalmente con estas actitudes que indican justamente lo contrario contradiciendo dicha separación iglesia – estado que determina la Constitución Española en su artículo dieciséis.
Es por ello que resulta incomprensible, no sólo el hecho que resalto en este escrito, sino otros muchos que podríamos citar – hace poco tiempo ocurrió lo mismo con la proclamación de una ingente cantidad de beatos, por cierto exclusivamente del bando nacional – que dejan bien claro que la separación Iglesia Estado es un espejismo y como tal ajeno a la realidad, imposible de entender y de asumir en un país moderno de la Europa del siglo XXI .
Según el Concordato vigente, toda la educación que se imparta en todos los centros docentes públicos deben ser respetuosos con los valores de la ética cristiana. Todos los planes educativos de la enseñanza primaria y secundaria deben incluir la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales y aunque esta asignatura a dura penas han conseguido que sea optativa – con el PP sería no sólo obligatoria sino evaluable – hoy la iglesia se permite el lujo de entrometerse una vez más oponiéndose a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo cual supone una intromisión más que no se debería tolerar.
Si se siguen manteniendo estas actitudes de tolerancia, las intromisiones van a ser constantes ya que nadie se encarga de ponerles freno. Y es que es curioso observar como los miembros del gobierno cuando son interpelados sobre este tema, suelen dar la callada por respuesta tratando de evadirse de tan espinoso asunto.
Pero por qué el Estado se empeña en mantener esta actitud aguantando carros y carretas a una institución que se le ha subido a las barbas hasta el extremo de permitirse el lujo de interferir en asuntos de estado y de propiciarle auténticos desprecios que causan sonrojo a los ciudadanos que con la constitución en la mano contemplan atónitos como se prolonga este increíble espectáculo.
La respuesta inmediata suele ser la del interés electoral por parte del partido gobernante en el sentido de que enfrentarse – no tiene por qué ser así, la ley está de su parte – supondría la pérdida de votantes, es decir, no sería rentable electoralmente hablando.
Craso error, ya que si plantan cara a la Iglesia Católica– no nos olvidemos de que hay otras muchas iglesias en este país y van a su aire, como dios manda – no creo que pierdan unos votos que casi con toda seguridad no le pertenecían – esos votos suelen decantarse más bien hacia la derecha - y sin embargo va a sentir la ausencia de los votos de muchos de sus asiduos votantes que, desencantados, le volverían la espalda.
Entonces, que está pasando. Estoy seguro de que estos cálculos los llevan a cabo y posiblemente extraerán las mismas conclusiones que aquí expongo, por lo que tampoco el ciudadano de a pie encuentra justificación a semejante situación que tantos años lleva prolongándose.
Tratando de profundizando en el tema, tiro de bibliografía e Internet intentando arrojar luz sobre un auténtico enigma, que como tal, resulta difícil de descifrar y encuentro un escrito de un profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales que puede despejar algunas sombras arrojando cierta luz sobre esta tema.
Afirma el profesor Santiago Castellá, que la Constitución de 1978 diseñó un modelo de Estado aconfesional, pero sin establecer un modelo de clara fundamentación laica, en el que el Estado se mostrara indiferente a lo religioso, por entender que sus acciones y objetivos no deben entrar en un ámbito propio de la conciencia individual de las personas, limitándose a garantizar, sin discriminación alguna la libertad de creencias. Tampoco estas consideraciones despejan por completo nuestras dudas, pero quizás sí cuando afirma:
Ante estos datos, es lógico recelar de un Concordato con la Santa Sede, negociado desde 1976 por políticos vinculados a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), hecho al margen de la Constitución, y que cae sobre ella como una pesada losa que se impone sobre toda su legislación y que compromete internacionalmente la voluntad del Estado, generando responsabilidad por su incumplimiento.
España ha quedado así hipotecada por un Concordato, que tan solo puede modificarse con un nuevo acuerdo entre España y la Santa Sede y que no prevé la posibilidad de renuncia o retiro unilateral, siendo nula cualquier ley o disposición normativa de rango inferior contraria a sus disposiciones.
Acabáramos. Estas consideraciones parecen en principio aplastantes aunque no insalvables. No debemos olvidar, no obstante que se trata de un análisis personal de un jurista, aunque no tengo motivo alguno para dudar de sus conclusiones. He de aclarar que la ACNP, existe y fue fundada en 1909 y que ya en 1936 se adhirió al bando nacional y a la consiguiente dictadura que sufrió este país durante cuarenta años. Intervino en el primer Concordato de 1953, e incomprensiblemente en el actual que está en vigor.
Lo que no entiendo es por qué el Estado no aclara estos términos, que en cualquier caso, no le justifican en su actitud servil hacia una Iglesia Católica que abusa de su condición y que debería ser la primera en renunciar a cuantos privilegios posee y que son un agravio comparativo para el resto de las iglesias instaladas en nuestro país.
Concluyamos. Si con una ley de igual rango o superior puede anularse, hágase. Denúnciese dicho tratado o tómense las medidas necesarias para lograr de hecho dicha separación. La laicidad del Estado Español ha de ser una realidad, no un espejismo.
Contemplo con estupor como una representación del gobierno español, a nivel ni más ni menos que de la Vicepresidenta del Estado, asiste a una ceremonia de este tipo confiriéndole una rango institucional que no debería tener ya que la Constitución Española de 1978 diseñó un modelo de Estado aconfesional que choca frontalmente con estas actitudes que indican justamente lo contrario contradiciendo dicha separación iglesia – estado que determina la Constitución Española en su artículo dieciséis.
Es por ello que resulta incomprensible, no sólo el hecho que resalto en este escrito, sino otros muchos que podríamos citar – hace poco tiempo ocurrió lo mismo con la proclamación de una ingente cantidad de beatos, por cierto exclusivamente del bando nacional – que dejan bien claro que la separación Iglesia Estado es un espejismo y como tal ajeno a la realidad, imposible de entender y de asumir en un país moderno de la Europa del siglo XXI .
Según el Concordato vigente, toda la educación que se imparta en todos los centros docentes públicos deben ser respetuosos con los valores de la ética cristiana. Todos los planes educativos de la enseñanza primaria y secundaria deben incluir la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales y aunque esta asignatura a dura penas han conseguido que sea optativa – con el PP sería no sólo obligatoria sino evaluable – hoy la iglesia se permite el lujo de entrometerse una vez más oponiéndose a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo cual supone una intromisión más que no se debería tolerar.
Si se siguen manteniendo estas actitudes de tolerancia, las intromisiones van a ser constantes ya que nadie se encarga de ponerles freno. Y es que es curioso observar como los miembros del gobierno cuando son interpelados sobre este tema, suelen dar la callada por respuesta tratando de evadirse de tan espinoso asunto.
Pero por qué el Estado se empeña en mantener esta actitud aguantando carros y carretas a una institución que se le ha subido a las barbas hasta el extremo de permitirse el lujo de interferir en asuntos de estado y de propiciarle auténticos desprecios que causan sonrojo a los ciudadanos que con la constitución en la mano contemplan atónitos como se prolonga este increíble espectáculo.
La respuesta inmediata suele ser la del interés electoral por parte del partido gobernante en el sentido de que enfrentarse – no tiene por qué ser así, la ley está de su parte – supondría la pérdida de votantes, es decir, no sería rentable electoralmente hablando.
Craso error, ya que si plantan cara a la Iglesia Católica– no nos olvidemos de que hay otras muchas iglesias en este país y van a su aire, como dios manda – no creo que pierdan unos votos que casi con toda seguridad no le pertenecían – esos votos suelen decantarse más bien hacia la derecha - y sin embargo va a sentir la ausencia de los votos de muchos de sus asiduos votantes que, desencantados, le volverían la espalda.
Entonces, que está pasando. Estoy seguro de que estos cálculos los llevan a cabo y posiblemente extraerán las mismas conclusiones que aquí expongo, por lo que tampoco el ciudadano de a pie encuentra justificación a semejante situación que tantos años lleva prolongándose.
Tratando de profundizando en el tema, tiro de bibliografía e Internet intentando arrojar luz sobre un auténtico enigma, que como tal, resulta difícil de descifrar y encuentro un escrito de un profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales que puede despejar algunas sombras arrojando cierta luz sobre esta tema.
Afirma el profesor Santiago Castellá, que la Constitución de 1978 diseñó un modelo de Estado aconfesional, pero sin establecer un modelo de clara fundamentación laica, en el que el Estado se mostrara indiferente a lo religioso, por entender que sus acciones y objetivos no deben entrar en un ámbito propio de la conciencia individual de las personas, limitándose a garantizar, sin discriminación alguna la libertad de creencias. Tampoco estas consideraciones despejan por completo nuestras dudas, pero quizás sí cuando afirma:
Ante estos datos, es lógico recelar de un Concordato con la Santa Sede, negociado desde 1976 por políticos vinculados a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), hecho al margen de la Constitución, y que cae sobre ella como una pesada losa que se impone sobre toda su legislación y que compromete internacionalmente la voluntad del Estado, generando responsabilidad por su incumplimiento.
España ha quedado así hipotecada por un Concordato, que tan solo puede modificarse con un nuevo acuerdo entre España y la Santa Sede y que no prevé la posibilidad de renuncia o retiro unilateral, siendo nula cualquier ley o disposición normativa de rango inferior contraria a sus disposiciones.
Acabáramos. Estas consideraciones parecen en principio aplastantes aunque no insalvables. No debemos olvidar, no obstante que se trata de un análisis personal de un jurista, aunque no tengo motivo alguno para dudar de sus conclusiones. He de aclarar que la ACNP, existe y fue fundada en 1909 y que ya en 1936 se adhirió al bando nacional y a la consiguiente dictadura que sufrió este país durante cuarenta años. Intervino en el primer Concordato de 1953, e incomprensiblemente en el actual que está en vigor.
Lo que no entiendo es por qué el Estado no aclara estos términos, que en cualquier caso, no le justifican en su actitud servil hacia una Iglesia Católica que abusa de su condición y que debería ser la primera en renunciar a cuantos privilegios posee y que son un agravio comparativo para el resto de las iglesias instaladas en nuestro país.
Concluyamos. Si con una ley de igual rango o superior puede anularse, hágase. Denúnciese dicho tratado o tómense las medidas necesarias para lograr de hecho dicha separación. La laicidad del Estado Español ha de ser una realidad, no un espejismo.
