domingo, 11 de febrero de 2024

Una situación inquietante

 

La incertidumbre se ha posado sobre la vida política de este país, y por ende sobre la de sus ciudadanos, que pese a todo no parecen mostrar más interés del habitual, salvo en determinados grupos muy concretos, más concienciados acerca de la política que padecemos desde hace poco tiempo, que pese a todo se hallan muy polarizados, muy divididos en dos bandos, progresistas y moderados, extremadamente radicalizados aquellos, con los suyos en el poder, asombrados éstos de la deriva autoritaria experimentada por un ejecutivo que ha iniciado una huida hacia adelante que está arrastrando a este país hacia unos derroteros preocupantes e inciertos, que nada bueno parecen presagiar.

Hace muchas décadas que no se daba en España un situación que lograse tensionar la vid política, y por ende la social, como se está soportando en estos momentos, dónde continuamente se está poniendo en cuestión la división de poderes, no solamente por parte de determinados grupos políticos, sino, y esto es sumamente grave, por el ejecutivo, por el gobierno, en una inaudita e insólita demostración de falta de respeto hacia el poder judicial, cuando ponen en entredicho a determinados jueces, acosándolos, señalándolos, poniéndolos en los focos de atención de una forma peyorativa, acusándolos de prevaricación.

Se les recrimina el hecho de que dictan normas contrarias a derecho, de obstaculizar continua y obstinadamente con procedimientos judiciales propios de su cargo, con el exclusivo fin de perjudicar el delirante camino que este gobierno ha iniciado para amnistiar a quienes se les quiere conceder la inmunidad absoluta para no hacer frente a los delitos cometidos en su momento, a cambio de su apoyo en la continuidad de un gobierno que lucha desesperadamente por seguir ejerciendo sus funciones a toda costa.

Declaraciones llevadas a cabo por alguno de los ministros del ejecutivo en este sentido, abundan en afirmar que algunos jueces hacen todo lo posible por torpedear la tramitación de dicha amnistía, criticando y condenando semejante actitud, en una clara e irresponsable posición de injerencia en el poder judicial, que no recuerdo jamás se haya llevado a cabo, lo que se traduce en una grave alteración del juego democrático que no pensábamos que pudiera llevarse a efecto en una democracia, que creíamos consolidada, y que de esta forma muestra importantes grietas, que un edificio democrático no puede ni de permitirse.

La persecución hacia los magistrados de justicia ha llegado a tal punto que socios del gobierno han llegado a citar con nombres y apellidos a determinados jueces, demandándolos incluso, por considerar que están obstaculizando con su labor el trámite de la ley de amnistía, iniciando procedimientos contra personas y grupos que,  caso de prosperar, no podrían beneficiarse de dicha medida de gracia, lo que ha hecho saltar las alarmas ante la posible pérdida del apoyo necesario para seguir gobernando, objetivo absolutamente prioritario para quienes afirman haber tramitado la amnistía por la “convivencia”, cuando en realidad lo han llevado a efecto, clara y objetivamente, por su “conveniencia”, algo que ya nadie niega, incluyendo multitud de seguidores del partido en el gobierno desencantados de la deriva autoritaria de este gobierno.

Asusta pensar, que continuando en esta línea, y sometidos como están a  una continua y destructiva presión por parte de sus acreedores, puedan llegar a tomar decisiones de cierto cariz antidemocrático, que nos saquen los colores, sonrojándonos ante una Europa que nos observa con detenimiento ante estos hechos, y que a causa de numerosas denuncias por la presión a los jueces, ya ha llamado la atención al gobierno, que no obstante parece, hasta ahora, hacer oídos sordos, algo que no podrá mantener por mucho tiempo si no quiere perder ante ella, la credibilidad y la integridad necesarias para mantener una dignidad democrática que ahora mismo se muestra sumamente frágil, y ante la cual, los ciudadanos tenemos la obligación de mantenernos permanente y firmemente vigilantes, ya que la libertad, y por ende la democracia, de ello dependen.

La situación es seria y realmente preocupante, más ahora que la Comisión de Justicia de la Unión Europea, acaba de aprobar una enmienda para prohibir las amnistías por delitos de corrupción y malversación, lo que supondría un serio obstáculo para la aprobación de la susodicha ley, algo que dudo, con el consiguiente y nuevo aumento de presión a cargo de los demandantes, lo que podría afectar al ejecutivo de tal manera, que, impredecibles como son, pueden optar por cualquier solución de dudosa legalidad. Y aún queda la respuesta a la exigencia del referéndum Catalán. La incertidumbre, la preocupación y la inquietud más intrigante, están servidas.

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