Nos encontramos inmersos en un estado de ausencia de alguna
de las libertades que proclama nuestra constitución, encargada de garantizarlas,
y que en estos momentos no disfrutamos plenamente, ya que el denominado estado
de alarma, las ha suspendido de hecho, pese a que el gobierno insiste en que aplica
dicha situación con arreglo a la ley suprema que nos ampara a todos los
ciudadanos, pero con lo que no todos están de acuerdo, levantándose voces en
contra, por no estar conformes con su aplicación, sumamente restrictiva,
que supera con mucho el susodicho estado de alarma.
El estado de alarma prevé la limitación de ciertas
libertades, pero nunca su supresión. La diferencia es evidente, ya que las
garantías de reunión, movilidad y manifestación, han quedado manifiestamente
eliminadas, y en estos momentos, no pueden ser llevadas a efecto, no pueden ser
disfrutadas por los ciudadanos de este País, lo que constituye un serio y
contundente agravio que han denunciado reputados personajes de diversos
sectores, sobre todo del área jurídica, como jueces, profesores y magistrados, que
consideran el estado de alarma inconstitucional, y así lo han denunciado ante
el correspondiente tribunal.
La inmensa mayoría de este País, se limita a cumplir este durísimo
confinamiento sin cuestionarse su legalidad, con una actitud más o menos amable
de aceptación o rechazo de sus consecuencias, que a medida que se avanza en el
tiempo, van dejando huellas más o menos palpables en el ánimo de una ciudadanía
enormemente castigada por una pandemia, que pese a la forzosa y obligada reclusión,
arroja espantosas cifras de muertes y contagios, así como unas terribles
consecuencias negativas en la economía y en el mundo laboral de las gentes de
un País que se plantea un futuro incierto y con unas expectativas en absoluta halagüeñas.
Hemos asistido estos días, a una auténtica ceremonia de la
confusión, cuando un alto portavoz del gobierno, que pertenece a la fuerzas del
orden público, ha manifestado que se están controlando las opiniones en las
redes sociales para evitar críticas al gobierno, algo que han tratado de
desmentir con aquello de que se ha tratado de un malentendido, que ha quedado
en ridículo, cuando se han descubierto correos internos que ratifican este
lamentable suceso que deja en muy mal lugar a una administración que entra así
en un juego peligroso.
Veleidades autoritarias, en suma, que dudo lleguen más allá
de un ligero ramalazo de poder, en unos momentos terribles, cuando más necesita
la población de unos gobernantes que no han sabido estar a la altura cuando
primero China, y después Italia, avisaron que el desastre se avecinaba, y como
de costumbre en este País, actuaron mal y tarde, permitiendo eventos masivos de
toda índole hasta el último momento, son que nadie se atreviera a poner el
cascabel al gato, sin tomar unas decisiones rápidas y decisivas, que hubieran
minimizado una catástrofe que nos llevado adonde estamos, con unas cifras
espantosas de pérdidas humanas, que en parte se podían haber evitado.
Numerosas denuncias se han presentado ante el Tribunal
Supremo y el Constitucional, ante un confinamiento extremo y riguroso, con
importantes multas y detenciones caso de no ser respetado, que después de mes y
medio de absoluto encierro, va a permitir salir a los más pequeños, para dar un
simple paseo con sus padres, habiendo llegado incluso a regular cómo han de
moverse, comportarse o dar saltos, que reflejan hasta qué punto han llegado
los gobernantes a la hora de controlar a una población que no sale de su asombro
ante lo que está pasando en un País, dónde la democracia se pregunta si ha
llegado el momento de velar por su respeto y continuidad.
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