Apenas dos días después de que
el Senado aprobara por vía de urgencia la reforma de la justicia universal, los
cambios correspondientes han entrado en vigor, apenas quince día después de que
el gobierno presentara la enmienda correspondiente, que limita la persecución de los delitos de genocidio y
lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o
extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el
hecho o cuya extradición haya sido denegada, eliminando la posibilidad de
actuar mediante denuncia o a través de una acusación, quedando como únicos
impulsores de la misma, el agraviado o la Fiscalía, lo cual supone imponer unas
cortapisas tan radicales, que de hecho deja sin efecto el principio de justicia
universal, aplicada hasta ahora en este País y que continúa vigente en la
mayoría de los países europeos y otros del resto del mundo, de tal forma que
desde la segunda guerra mundial, han sido quince los países que han ejercido
esta justicia, que en España consiguió, entre otros, encausar al dictador
Pinochet, cuando en su País de origen, eran incapaces de someterlo a la
justicia Chilena, algo que a partir de ahora, con la reforma de esta ley, será
imposible llevar a cabo por los tribunales españoles.
Se archivarán así, causas ya
iniciadas por jueces españoles como los asesinatos cometidos en El Salvador en
la persona del jesuita Ignacio Ellacuría, el cámara español José Couso, los
vuelos de la CIA, el diplomático Carmelo Soria en Chile, el holocausto Nazi, los
ataques contra el campo de refugiados de Ashraf en Irak, el asalto de la
Flotilla de la Libertad o los genocidios en
Ruanda, el Sahara, el Tíbet o Guatemala, por citar algunos de ellos, los
más conocidos quizás, los que más páginas han llenado en los medios de
comunicación, y que ahora tendrán que archivarse en un acto de injustificada y
precipitada decisión, en respuesta a las presiones del gobierno Chino, ante la
orden de detención de ex dirigentes de ese País, dictada por el juez Pedraz, y
que amenazaba con medidas económicas contra esta España, tan débil y con tan
poca fuerza en la esfera internacional, que ha cedido ante las amenazas, y en
apenas unos días, han derogado la aplicación de una ley que perseguía los
crímenes de lesa humanidad, los genocidios, los crímenes de guerra, la tortura,
las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Todos los países del mundo
tienen la obligación de encausar a los autores de semejantes atrocidades que se
han cometido y se cometen en diferentes lugares del mundo, adonde la justica
debería llegar, independientemente del País que las inicie, sobre todo cuando no
actúan los tribunales de los países donde tienen lugar dichos delitos de lesa, ya
que son crímenes cometidos contra el derecho internacional, que recomienda
encarecidamente se actúe en nombre de esa justicia universal, como lo hace
Amnistía internacional, reclamando la aplicación de una justicia, que de no
llevarse a cabo, supondría que la impunidad campase por sus respetos en tantas
zonas de este planeta donde los derechos humanos y las libertades más
elementales son pisoteadas en medio de la indefensión más absoluta.
No se comprende por lo tanto
esta extrema decisión, salvo por las más que evidentes y mencionadas presiones
de un gobierno Chino, carente de la legalidad necesaria para erigirse como
Estado de Derecho, al no haber sido elegido por los ciudadanos, pero con una
absoluta capacidad para intimidar a un gobierno español, que ha cedido con una
rapidez inusitada, que ya quisiéramos llevara a cabo en otros asuntos que
atañen a este País, que repercutirían en una necesaria mejora del bienestar de
nuestros ciudadanos.
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