El gobierno, a través de su partido político, registra en el Congreso una iniciativa frente al acoso derivado de “acciones judiciales abusivas”. Este titular no procede de un país carente de una democracia social y de derecho dónde las libertades, la separación de poderes y las garantías individuales de los ciudadanos estuvieran conculcadas por un poder absoluto y dictatorial.
No, craso error. Semejante y temeraria iniciativa, tiene su origen en España, en Europa, dónde la democracia se consideraba consolidada, dónde el respeto del gobierno por la separación de poderes se supone un hecho incontrovertible, y la justicia se manifiesta libremente sin posibilidad alguna de ser intervenida y cuestionada por un ejecutivo que ahora comprobamos con incredulidad, pretende amordazarla y controlarla, y así, convertirla en sierva de sus siniestras y autoritarias intenciones, plenamente totalitarias e incompatibles con un país democrático.
No es un asunto baladí, no es un tema para tomar a la ligera, es una medida lo suficiente grave y seria como para considerarla en su justa y perversa trascendencia, que no obstante, y como tantos otros excesos cometidos por este ejecutivo, no son tomados en cuenta por una ciudadanía que parece haber abandonado toda esperanza de reconducir una situación que está llevando a este gobierno a una deriva autoritaria que no acepta, pero que bien el cansancio, bien la indiferencia, los induce mantenerse al margen de una necesaria crítica que obligue a este gobierno a reconducir una desquiciada política dirigida exclusivamente a perpetuarse en el poder a toda costa.
No es la primera vez que este gobierno ha intentado maniatar y acorralar al poder judicial, y por ende, a sus representantes los jueces, habiendo sido por ello amonestado repetidamente por Europa, a la que ha hecho caso omiso una y otra vez, en una ceremonia de la confusión que denota una absoluta falta de respeto hacia esa institución ante la que debería rendir cuentas como una democracia más de las que la integran, y que no salen de su asombro, sobre todo desde la farsa del retiro conventual del presidente, al que entonces lo calificaron de showman, y que aquí lo vivimos como un irrisorio esperpento.
Rodeado de una corrupción galopante, de un descrédito imparable y de unas estadísticas, que en la actualidad, lo sitúan en una posible derrota electoral, algo inasumible para la altiva y desmedida soberbia que caracteriza al jefe del ejecutivo, incapaz de reconocer la desastrosa gestión de una legislatura deplorable, con una división patética entre los miembros del gobierno y una incapacidad cada día más galopante para sacar adelante los proyectos de ley, teniendo que recurrir a los decretos, un ejecutivo desquiciado, incapaz de reaccionar de una forma democrática, ha optado por tratar de frenar a una justicia que lo tiene acorralado, adoptando una medida dictatorial y perversa, impropia de una democracia.
El intento de amordazar, silenciar y dirigir a los jueces en su crucial y trascendente labor democrática, es una auténtica felonía, de una gravedad extrema, seguramente inconstitucional, absolutamente rechazable, y profundo, arbitrario e injustamente ilícito, que confiamos no se lleve a cabo, porque sentaría un precedente de consecuencias nefastas para nuestro país, sus ciudadanos, y para una democracia que quedaría seriamente dañada por una ejecutivo que no repara en nada para eternizarse en el poder.